¡Sálvese quien pueda!

La respuesta al debate del sábado en El Mundo: ¿Cree necesario para reducir el déficit que los ayuntamientos eliminen servicios a los ciudadanos?

No. Parece que ahora hay que apretarse el cinturón como si fuera el nudo corredizo de una corbata o una soga. Ya se oye su chirrido igual que se palpa la estrechez y el apuro, el aliento discontinuo de nuestra asfixia. Algo así, aunque expresado de forma mucho más prosaica y estratégica, es lo que viene a decirnos la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB) tras la reunión de la comisión permanente de las administraciones locales del archipiélago –en definitiva, un alud de Ayuntamientos y Consells insulares- a vueltas, y revueltas, con el Plan de Ajuste del gasto público ratificado no se sabe si en Bruselas o en el Congreso, en el borrador del BOE, en su fe de erratas o errores, en todas esas tribunas de papel o videoconferencia, en su suma imposible de traductores o en su resta de sentido común, en su esperpento risible y en su usura, en todos esos distritos comanches de la burocracia o quizá en ninguno. Cada vez cuesta más saber dónde se toman las decisiones, en qué texto legal se plasman y en qué lugar físico, en cuál, han de aplicarse.

Pero eso es lo normal, por desgracia, en un mundo donde las administraciones se multiplican tan sólo para solaparse, parcelar de forma arbitraria el territorio –como si fuera el botín de un paisaje tras una paradójica batalla- y apropiárselo para plantar, en cualquier parte, el arancel plúmbeo de sus aduanas y peajes –algo así como una bandera en el vacío lunar de la inteligencia- y, luego, ya cobrados los impuestos, adivinar qué competencias y atribuciones son suyas y cuáles de otros. O viceversa. Así es como acabamos pagando varias veces por lo que apenas sí nos dan una sola vez, y ahora parece que ninguna. Aleccionador. Esperpéntico. Repugnante.

O quizá no tanto. De hecho el FELIB –con sus temores y deseos- no hace otra cosa que reflejar la dura realidad de ser juez y parte, verdugo y víctima, de un proceso que, pese a todo, les resulta ajeno. Las primeras prestaciones en caer habrán de ser las escuelas para la infancia y los centros de día para los ancianos. Los extremos se confunden, entrelazan y anulan. Queda, al final, el desolador espectáculo de los millones de gastos suntuarios –cuando no lingüísticos, sectarios y especuladores- frente al agobio de la clase media que se puede quedar sin lo más importante: el imprescindible cuidado de los que no pueden valerse por sí mismos.